De las tres empresas azucareras en las que el Estado mantiene acciones, Pro Inversión anunció que empezará con la venta de Cayaltí a finales de este año o principios del siguiente. Las fechas de venta en los casos de Pomalca y Tumán –que están bajo la administración judicial del grupo Oviedo– se programarán para el primer trimestre del 2011, pese a la escasa información financieras con que se cuenta de aquellas empresas, según señaló la agencia estatal.
El director ejecutivo de Pro Inversión, Jorge León, afirmó que la venta de Cayaltí no procederá el próximo 20 de diciembre, como se había programado, debido a la reciente publicación de una norma que regula la participación de los trabajadores de las azucareras en dicha venta.
Explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha establecido mediante dicha regulación un plazo de 15 días para que las empresas azucareras elaboren una lista de los trabajadores que están en condiciones de participar en el proceso, de manera individual o colectiva.
León reconoció que el proceso podría abortar si finalmente se convierte en ley la propuesta aprobada por el Pleno del Congreso, cuyo objetivo es extender por un año más la protección patrimonial y postergar la venta de las acciones del Estado.
Al respecto, el titular del MEF, Ismael Benavides, no ratificó ayer a la prensa si mantenía su posición de observar la propuesta legislativa. Sin embargo, reiteró su voluntad de vender las acciones: “Por allí se ha dicho que hay que esperar mejores momentos (para la venta), pero, con el precio del azúcar como está ahora, ¿qué mejor momento hay?”, enfatizó.
El director ejecutivo de Pro Inversión, Jorge León, afirmó que la venta de Cayaltí no procederá el próximo 20 de diciembre, como se había programado, debido a la reciente publicación de una norma que regula la participación de los trabajadores de las azucareras en dicha venta.
Explicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha establecido mediante dicha regulación un plazo de 15 días para que las empresas azucareras elaboren una lista de los trabajadores que están en condiciones de participar en el proceso, de manera individual o colectiva.
León reconoció que el proceso podría abortar si finalmente se convierte en ley la propuesta aprobada por el Pleno del Congreso, cuyo objetivo es extender por un año más la protección patrimonial y postergar la venta de las acciones del Estado.
Al respecto, el titular del MEF, Ismael Benavides, no ratificó ayer a la prensa si mantenía su posición de observar la propuesta legislativa. Sin embargo, reiteró su voluntad de vender las acciones: “Por allí se ha dicho que hay que esperar mejores momentos (para la venta), pero, con el precio del azúcar como está ahora, ¿qué mejor momento hay?”, enfatizó.
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