Los pobres no esperan: acciones urgentes que el próximo gobierno debería tomar

IANA MÁLAGA

Reducir la pobreza de forma sostenida es como nadar a contracorriente, pues para ello se requiere bastante voluntad política y múltiples acciones coordinadas del Estado para combatir la desnutrición crónica, mejorar el nivel de educación de los pobladores y garantizar que cuenten con servicios de salud, infraestructura y saneamiento.

La buena noticia es que en el Perú hemos avanzando en ello. Según el actual factor de medición del INEI, la pobreza monetaria en el país se redujo de 48,7% en el 2005 a 34,8% en el 2009, y la pobreza extrema disminuyó de 17,4% a 11,5% en el mismo período.

No obstante, por más que este gobierno dio un paso importante al asignar recursos bajo un esquema de presupuesto por resultados (PPR) para programas estratégicos de salud, nutrición y educación, los especialistas aseguran que la reducción de la pobreza no se debió a una buena gestión de las políticas sociales, sino al crecimiento económico. “La reducción de la pobreza solo se logra cuando una persona vulnerable adquiere un empleo que le permite elevar su nivel de vida”, explica Enrique Vásquez, profesor de la Universidad del Pacífico.

En ese contexto, sería bueno analizar cuáles son las propuestas de los candidatos a la presidencia para combatir la pobreza en los próximos cinco años. Luis Castañeda Lossio propone crear un programa de alimentación para todos los niños en edad escolar. Pedro Pablo Kuczynski dice que mejorará la productividad de los pequeños agricultores con asesoría técnica. Keiko Fujimori promete reequipar los comedores populares y el Vaso de Leche. Alejandro Toledo prefiere plantear metas atrevidas y asegura que reducirá el nivel de pobreza a 10% y eliminará la pobreza extrema.

Las propuestas son variopintas y las hay para todas las tendencias políticas. Pero, siendo sinceros, ¿cuáles son las acciones más urgentes que debería adoptar el próximo gobierno para lograr que más de 10 millones de peruanos dejen de ser pobres?

Vásquez sugiere garantizar un empleo digno para 3,5 millones de personas e ingresos permanentes para los jefes de hogar menos calificados. De hecho, en “Agenda 2011” (un documento de 11 propuestas políticas que diseñó la Universidad del Pacífico) el especialista refiere que en las zonas más pobres del país se debe incentivar la inversión privada, para dinamizar los sectores de manufactura, comercio, servicios y agroindustria. “Para ello se debe crear un programa de inversión pública en infraestructura de carreteras y conectividad, y generar incentivos para que las empresas busquen oportunidades de negocios en las zonas más apartadas”, indica Vásquez.

En ese punto, difiere Carolina Trivelli, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Ella cree que es difícil generar condiciones y leyes para que las empresas se instalen en las zonas más alejadas del territorio. “Sin embargo, los recursos de las regiones están creciendo, por lo que el Estado debería crear las condiciones para que los municipios contraten mano de obra no calificada y así se acelere el empleo público en zonas rurales”, opina.

Farid Matuk, ex jefe del INEI, agrega que cualquier propuesta para reducir la pobreza es factible, si esta cuenta con un plan estratégico y se toman en cuenta aspectos logísticos y presupuestales que permitan conocer los avances de los resultados y modificar los errores.

MENOS PROGRAMAS
Según Carlos Aramburú, profesor de la Universidad Católica, tradicionalmente los programas sociales del Estado se crearon con un enfoque asistencialista que no permitió, bajo ninguna medida, reducir los niveles de pobreza de los beneficiarios. Así, el experto cree que en la próxima gestión se debería priorizar la asignación de recursos a programas sociales que busquen mejorar la infraestructura pública y el desarrollo de capacidades técnico-productivas en las poblaciones donde se concentran los mayores bolsones de pobreza.

“Lamentablemente, los altos niveles de filtración y subcobertura de los programas sociales minan el uso eficiente de recursos”, apunta Vásquez. Al respecto, Matuk cree que Juntos ha dado buenos resultados, pues las madres beneficiarias deben presentar su DNI para recibir S/.100 mensuales, lo que evita la filtración y subcobertura. “En todos los demás programas sociales existe un clientelismo que favorece la corrupción política”, opina Matuk.

Entonces, ¿qué hacer con los programas sociales que no ayudan a aliviar la pobreza? Para Trivelli la respuesta técnica es cerrarlos. “Pero no se puede por obvias razones políticas”, indica. Sin embargo, la opción de la especialista es crear esquemas de graduación para los usuarios, como ofrecer programas de capacitación técnica a las madres del Vaso de Leche que ya no necesitan la ayuda.

Para Vásquez también sería interesante que todos los programas sociales funcionen bajo el esquema de transferencias condicionadas, como sucede con Juntos. “Por ejemplo, las madres solo deberían recibir el vaso de leche con la condición de mejorar los patrones de alimentación de su comunidad”, propone.

¿Y LA POBREZA RURAL?
Es irónico que en un panorama de crecimiento económico la pobreza rural en el Perú esté por arriba de 60%. De allí que la Mesa de Concertación para Lucha contra la Pobreza (MCLCP) haya elaborado una agenda para el desarrollo integral de las poblaciones rurales, con el propósito de que el próximo presidente se comprometa a reducir a 30% al 2016 la pobreza rural.

Federico Arnillas, presidente de la mesa de concertación, cree que para lograrlo se debe buscar la capitalización del pequeño campesino al dotarlo de tecnologías agrarias a la medida, proteger sus derechos de propiedad y que puedan acceder a créditos.

En tanto, Trivelli opina que para combatir la pobreza más dura del Perú se debe crear un programa rural que se amolde a las características del entorno, pues en el campo las poblaciones están muy dispersas y hay pocos puestos de salud y educación. Y algo muy importante: “Las intervenciones sociales se deben realizar en simultáneo; es decir, allí donde interviene Juntos también debe llegar Caminos Rurales y un programa de generación de capacidades para los jóvenes”, enfatiza Trivelli.

Eso sí, como refiere Aramburú, lo importante es que las mencionadas intervenciones para combatir la pobreza se ejecuten en los primeros seis meses del nuevo gobierno, pues luego la capacidad y el entusiasmo del jefe de Estado para aplicar grandes reformas se empieza a debilitar.