La violencia contra la mujer es un creciente problema de salud pública,
pese a ello, en la capital son pocos los servicios de atención médica
del Estado que así lo asumen y están preparados para detectar y atender
oportunamente estos casos. Luego de supervisar 37 locales de salud de
Lima y Callao, la Defensoría del Pueblo
emitió un informe que confirma esta triste situación. Las áreas de
ginecología, planificación familiar y emergencia son lugares
estratégicos donde se pueden hallar casos de maltrato para brindar apoyo
y derivar a las víctimas a servicios especializados. Falta, sin
embargo, capacitar al personal para cumplir los protocolos.
Por Fabiola Torres López
Ver su rostro duele y escucharla también. A Elizabeth Alanya, Julio Jaime Sal y Rosas,
su pareja, le desfiguró la cara con agua hirviendo mientras dormía; sin
embargo, esta mujer que venció la vergüenza y se mostró en público para
conseguir justicia, también ha sido víctima de una violencia
silenciosa, pero igual de hiriente: la indiferencia de las instancias
públicas en las que supuestamente debió encontrar apoyo inmediato.
Alanya, como muchas mujeres en el país que sufren maltratos en todas
sus manifestaciones, se ha enfrentado a un sistema de justicia que
suele beneficiar al agresor y a un servicio de salud que, sin los
reflectores de las cámaras de televisión, le brindó al comienzo una
atención indolente, pese a sus brutales heridas.
“Cuando acudí al hospital Arzobispo Loayza en busca de atención, un
médico me observó rápido, me recetó unos medicamentos y dispuso que
regresara a mi casa. Al día siguiente, al constatar la infección e
inflamación de mi rostro, regresé y recién fui hospitalizada”, recordó
la costurera que se ha convertido en el símbolo de la violencia contra la mujer en el Perú.



















