El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició la investigación sobre toda la cadena de distribución de los medicamentos oncológicos en el Perú. El proceso se ha centrado inicialmente en once laboratorios importadores de tales productos.En su presentación ante la Comisión de Salud del Congreso, el equipo de Indecopi, encabezado por el jefe de dicha entidad, Eduardo de la Piedra, informó que la investigación –a cargo de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia– se ha centrado en ocho fármacos oncológicos comprados por las entidades de salud del sector estatal, y en cinco del sector privado. En total, son 13 productos que están en evaluación.
ESTUDIO
Indecopi afirmó que tal proceso se basó en el informe de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) difundido por el Ministerio de Salud (Minsa) en enero pasado. Sin embargo, Indecopi no precisó si está ampliando la investigación por su propia cuenta.
Cabe indicar que la Asociación Nacional de Laboratorios Farmacéuticos (Alafarpe) criticó el informe del Minsa que denunció que varios laboratorios aumentaron sus precios a pesar de beneficios tributarios recibidos, pues no consideró factores como incrementos de costos de producción, transporte y distribución, entre otros. Alafarpe ha mandado analizar la metodología aplicada en el estudio del Minsa.
Sin embargo, entidades como la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) respaldaron que se investigue dicha alza.
“Si detectamos indicios de conductas anticompetitivas, se iniciarán procedimientos sancionadores”, advirtió De la Piedra, quien no quiso aclarar más detalles al término de su intervención en el Congreso.
PROCEDIMIENTO
El secretario técnico de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi, Miguel Angel Luque, informó a la comisión parlamentaria que en la investigación se está comparando los precios de los 13 productos oncológicos antes y después de la exoneración del IGV, vigente desde el 2001.
Tal exoneración tuvo como objetivo que la baja impositiva se traslade al precio final al consumidor.
Si bien no adelantó detalles, Luque refirió que preliminarmente se ha determinado que al menos uno de los laboratorios investigados aumentó el precio de uno de sus productos.
“El precio de Etaconil, medicina importada por Tecnofarma S.A. –cuyo principio activo es la Flutamida– subió en 8% pese a la inafectación tributaria”, explicó.
Luque informó que dos de los medicinas investigadas que fueron compradas por entidades de salud del sector privado, no registraron variación de precio pese a la exoneración. Otros cuatro compradas por el sector público tampoco bajaron.
“El público debe tener claro que esta investigación es diferente a la abierta a las farmacias”, precisó Luque, en referencia al proceso administrativo iniciado en diciembre del año pasado a 7 cadenas nacionales.
También investigan eventual concertación de cadenas
La asimetría en la información y los indicios sobre un supuesto abuso en la posición de dominio han llevado al Indecopi a mirar con mayor atención lo que sucede en el mercado farmacéutico.
En agosto pasado, por ejemplo, la Comisión de Defensa del Consumidor sancionó a siete farmacias por no poner a disposición de los consumidores la lista de precios de los fármacos que ofrecen en sus establecimientos. En aquella ocasión el organismo concluyó que al no cumplir el artículo 17 de la Ley de Protección al Consumidor, las empresas sancionadas afectaron económicamente a sus clientes.
Pero ese no fue el único caso. En diciembre la Comisión de Libre Competencia abrió un proceso sancionador contra siete cadenas de boticas y farmacias por una eventual concertación de precios. La investigación -en la que fueron denunciadas Albis (Arcángel), Farmacias Peruanas (FASA), Eckerd Perú (Inkafarma), Mi Farma, Boticas y Salud, Boticas Torres de Limatambo y Nortfarma- aún sigue abierta.
Aunque Indecopi no otorgó mayores detalles del proceso, trascendió que la Comisión de Libre Competencia sustentó sus acusaciones en una serie de correos que habrían intercambiado las empresas involucradas y en los que hacen referencia a una serie de medicamentos que posteriormente sufrieron ajustes de precios.
El tema llamó la atención de las autoridades, pues en el 2009 se registró una situación similar en el mercado chileno. Ese año el Servicio Nacional de Salud de ese país sancionó con US$1 millón a tres cadenas chilenas (entre ellas FASA) por concertar el alza de 222 medicamentos. Según la consultora IMS Health el mercado privado de salud se negocia alrededor de US$821 millones.
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